Nuestro partido, ¿Quiénes somos?

Izquierda Republicana es un partido que defiende el republicanismo de izquierdas como forma de pensamiento y práctica política que haga avanzar a la sociedad, reduciendo las desilgualdades sociales y creando una estructura estatal en la que las nacionalidades y regiones puedan convivir sin recortes en su desarrollo y donde la Educación y la Cultura carezcan de supersticiones religiosas, dando lugar a que los ciudadanos de hoy y de mañana dispongan de un pensamiento racional y libre. Un republicanismo que, frente a una monarquía heredera del franquismo, exige que la Igualdad de los ciudadanos se cumpla en todos los ámbitos de la vida política, comenzando por la Jefatura del Estado que también debe ser elegida por Sufragio. Un presidente electo para una República parlamentaria, en la que la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sea estricta, buscando la máxima participación de los ciudadanos en los procesos de elección de sus miembros. Izquierda Republicana se fundó como partido el 3 de abril de 1934, eligiendo como presidente a Manuel Azaña que fue ministro, jefe de varios gobiernos y finalmente Presidente de la República Española de 1936 a 1939. IR formó parte de todos los gobiernos hasta el final de la Guerra Civil. El último presidente de IR en el exilio fue el alicantino Carlos Esplá, fallecido en México en 1971. Con la reinstauración de la monarquía IR fue postergada de tal manera que no fue legalizada en las primeras elecciones, sino cinco meses después, imposibilitándonos presentarnos a las mismas. En cambio otros partidos totalitarios sí pudieron presentarse. Así se aseguró la dictadura en su "transición" que el republicanismo no fuera una opción democrática a la que pudieran votar los ciudadanos. Pese a esto IR continuó sus actividades políticas como miembro de la Mesa por el Referendum OTAN en 1984 y participando en la creación de Izquierda Unida en 1986, coalición en la que estuvimos integrados hasta marzo de 2002, comenzando a partir de entonces una nueva andadura en solitario.

Por la Dignidad y la Justicia

Izquierda Republicana celebra la Iniciativa Legislativa Popular propuesta por Miguel Ángel Rodríguez, a fin de recuperar, verdaderamente, la dignidad y la memoria de las víctimas del franquismo, muchos de ellos héroes anónimos de la libertad, y apoya todas aquellas actividades dirigidas a su puesta en marcha y presentación ante las Cortes.
La Ley de Memoria Histórica ha servido sólo para aliviar la conciencia de algún demócrata, avergonzado por la situación de abandono, cuando no de desprecio, por parte de los sucesivos gobiernos, hacia los miles de represaliados por el franquismo.
Muchos de los cadáveres de sus víctimas durante la guerra civil aún yacen en las tumbas anónimas a donde les arrojaron sus asesinos, mientras que a éstos aún se les homenajea en monumentos públicos y calles de municipios españoles. Por si fuera poca esa vergüenza, se pretende acallar y castigar, con argumentos legalistas, al único juez español que se ha atrevido a intentar un proceso general contra el franquismo, e incluso se admite una querella contra él por parte de Falange, una vergüenza sobre otra. El juez Baltasar Garzón ha demostrado sobradamente su ecuanimidad en la administración de justicia, mostrándose inflexible con etarras y dictadores criminales como Pinochet. Cierta derecha española, tan heredera del franquismo, no puede perdonarle que intente sentarles en el banquillo, y lleva tiempo intentando tomarse la revancha; ahora parece creer que ha llegado su momento, algo que desprestigiará aún más a la justicia española que, lejos de ser fiel a su papel de poder independiente, se pone una y otra vez al servicio de los poderes políticos y no políticos. Desde IR llamamos a la solidaridad con todos los procesos de apoyo al juez Baltasar Garzón.
Es por eso que la iniciativa del profesor Miguel Ángel Rodríguez, con independencia del resultado final de su tramitación parlamentaria, puede servir de forma inmejorable, como revulsivo de tanto despropósito antidemocrático, como difusión de la verdad histórica, como homenaje a tantos hombres y mujeres que perdieron su vida, su libertad, su hacienda, y finalmente su dignidad con el olvido intencionado, a manos de aquellos que planearon y llevaron a cabo el mayor genocidio de nuestra historia contra su propio pueblo, primero durante la Guerra Civil, y luego durante la criminal dictadura que perpetuó durante casi cuarenta años el clima de odio y represión de cualquier atisbo de libertad.
Esta Iniciativa Legislativa Popular debe tener el mayor alcance posible, por lo que sería de gran importancia que a ella se sumasen no sólo los partidos políticos, sino también aquellas organizaciones que han estado luchando por la recuperación de la memoria histórica, como ya está ocurriendo de hecho, y en general, que participasen en ella todos los ciudadanos demócratas que consideran un deber inexcusable la deslegitimación del franquismo, la anulación de sus farsas judiciales y la rehabilitación y homenaje a quienes fueron sus víctimas.

Izquierda Republicana contribuirá con todas sus fuerzas a esta Iniciativa Legislativa Popular, y convoca a todos sus militantes y simpatizantes para que le presten todo su apoyo y le den la máxima difusión.

Ángel Verdura
Secretario General
Izquierda Republicana

Falange contra Garzón

Autor: Miguel Ángel Rodríguez Arias

Como en una escenificación teatral, el dramatis personae está dispuesto. El juez díscolo, en el banquillo; los muy leales magistrados – al Caudillo, a Dios y a España, según parece –, dispuestos a la suspensión y al procesamiento. La extrema derecha afila los cuchillos.
Había que juzgar a alguien.
No había remedio. Era evidente que, antes o después, alguna vez, alguien tenía que ser llevado ante la justicia en este país ante todos los crímenes de lesa humanidad, violaciones de los derechos humanos y demás aberraciones del genocidio franquista, el último genocidio negado del siglo XX.
Así que, tan carpetovetónicos y ufanos como siempre, hemos decidido llevar al juez que intentó juzgar a los verdugos.
Los Héroes clásicos en el Callejón del Gato: el esperpento.
Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos del Callejón del Gato dan el esperpento: España – el colapso en cadena de nuestro entero sistema de justicia ante los crímenes del franquismo – como deformación grotesca de la civilización europea, ya se sabe, Max Estrella dixit.
O Monarquía, o la nada.
Deformemos, por tanto, también nosotros, con Don Ramón, la expresión en el mismo espejo que nos viene deformando las caras desde la transición ejemplar de las 150.000 personas en fosas clandestinas, los asesinatos y robos convalidados – vaya, se dice que aquello tambien eran juicios – y los miles de 'niños perdidos'; la transición ejemplar de las elecciones a Cortes Constituyentes con la Izquierda Republicana del Presidente Azaña y la Unión Republicana del Ministro Giner de los Ríos, prohibidas... que una cosa era legalizar a unos comunistas muy simpáticos en las elecciones de 1977, y otra muy distinta a los partidos republicanos, acaso más conservadores ellos… pero demasiado republicanos al parecer. Mira que si de verdad se llega a permitir elegir entre un Estado monárquico y otro republicano... era mucho más seguro elegir entre la monarquía y la nada para que en el país de la noble osadía y la Segunda República española el reestablecimiento monárquico decidido por Franco pudiese continuar...
Cualquiera puede perderse una Constitución...
A fin de cuentas a cualquier partido político le puede pasar lo de ser legalizado un poco más tarde de la cuenta y perderse una Constitución española; démosles por perfectamente representados por Falange y por el resto de grupúsculos de la extrema derecha a los que sí se permitió participar, en cambio, sin pega alguna; mientras Acción Republicana Democrática Española continuaba en su largo exilio forzado.
Principio de elecciones libres…
Todo de lo más legítimo y, vaya, seguro que más o menos lo que se entiende por principio de elecciones libres y justas en Naciones Unidas...y no digo entonces, no, que era todo tan difícil, sino ni siquiera ahora que, una vez pasado el apuro del 78, ya tenemos este magnífico Estado de Derecho monárquico, y esta judicatura tan juramentada con los viejos tiempos – efectivamente, la joya de la corona –. Y claro, la verdad que da que da fatiga ponerse a organizar referéndums constitucionales, en igualdad, paz y libertad, y dejando participar – a tiempo esta vez –, incluso a los partidos históricos del republicanismo español... aunque quizás así tendríamos una República democrática o, al menos, una Monarquía elegida de verdad ante alguna alternativa.
Buena suerte deseada, misión cumplida.
Por el momento nos tocará asistir sin remedio a la función: con la parte más visible de lo mucho que resta del franquismo entre nosotros denunciando a uno de los pocos jueces que ha intentado juzgar sus crímenes, la menos visible enjuiciando al juzgador, y las familias de las víctimas – de fosa en fosa – buscando a sus muertos... que nuestro Gobierno y autoridades ya se encargan solitas de omitir el ejercicio de sus más elementales responsabilidades de Estado y, con ello, de omitir en este campo la misma dignidad institucional de los puestos que ocupan. Pero eso sí, le han deseado buena suerte a Garzón en estas circunstancias y, sinceramente, yo con eso ya me quedo mucho más tranquilo.
Ley de partidos que no se aplica a todos los partidos...
Así que nada, en vez de ponerse el mismo celo en la aplicación de la Ley de Partidos a las formaciones que hacen exaltación y apología del genocidio y la dictadura franquista – así el artículo 9.3, “promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas”, “apreciando la continuidad o repetición de las mismas en la trayectoria de un partido (…)así como las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos”, añade el 9.4 –, se desarrollará ante nuestros atónitos ojos, y los del mundo entero, el caso Falange contra Garzón, aunque mucho me temo que a nuestro juez valiente le va a tocar un poco más de esa doctrina del embudo de lo justo y de lo democrático que tan bien conocen ya por desgracia los partidos republicanos y todas las víctimas del franquismo.
Y todo vuelta a empezar…
Espejos Cóncavos en la Zarzuela.
Si en Luces de bohemia el sentido trágico de la vida española sólo podía darse con una estética sistemáticamente deformada, estoy seguro que en el día después de levantarse el telón en el juicio contra Garzón Valle Inclán mismo no se referiría ya a los espejos cóncavos del Callejón del Gato, sino a los que, así las cosas, inevitablemente dejó aquel dictador "de lo atado y bien atado" en algún lugar de la Zarzuela. “PICA LAGARTOS: ¡El mundo es una Controversia!; DON LATINO: ¡un esperpento!; EL BORRACHO: ¡Cráneo previlegiado!”.

ANITA Y PACO, EL "ABRIGO CARABINERO" Y GARZÓN

Peor suerte corrió, Anita, el padre de la consuegra, ya sabes, el Sr. Rodríguez, concejal del ayuntamiento por Unión Republicana, a quien se le ocurrió impulsar aquella iniciativa -¡cómo se le pudo ocurrir al pobre hombre!- de cambiar la denominación a dos calles: "de los frailes" y "María Auxiliadora". La primera fue rebautizada con el nombre del periodista radical republicano asesinado, Luis Sirval; a la segunda, en honor de las elecciones celebradas en el 36, se la conoció como calle del 16 de febrero. En qué cabeza caía, cómo se atrevió, Anita de mi alma, tal osadía. Derechito al paredón, no hubo aval cristiano que librarle pudiera del pelotón de fusilamiento.
Vosotros, en cambio, pudisteis contarlo; está bien, Ana... sufrirlo. El golpe de Casado obligó al sargento carabinero a presentarse ante los mandos fascistas, que fueron a encerrarlo en el campo de concentración de Vallecas y, de ahí, a condenarlo al abstracto de una vida gris tintada en negro. A partir de entonces, mala vida te dio Paco. Educado en los salesianos, huérfano de padre y madre, la miseria le llevó a Madrid en busca de fortuna, que el golpe convirtió en infortunio. Tal vez, debido a los desmanes cometidos por diversas facciones y el caos que propició el inicio de la guerra, hombre de orden, decidió alistarse en carabineros. Paco era, por aquél entonces, comedido, retraído, y apostó por la disciplina del cuerpo. Gustoso en el enrolamiento, soñando en futuros días bien proyectados en el servicio a la causa republicana... -teñido del bermellón de Negrín- no pudo ser. Por eso, bien depurados, después de hambre, frío y humillación constante -también tú, Ana...- hubisteis de desplazaros en vagón de ganado hasta la calle del Tinte, ya tiznados, en la tierra natal. Controladitos eficazmente por guardias civiles antaños ante quienes, Paco, debía de presentarse semana tras semana hasta que recibió carta de libertad. No me mires así, Anita, no... Ya sé que no me he pronunciado bien; que la libertad se convirtió en macabra frustración para Paco; en brutal represión social, laboral, que acabó en miseria amplia y eterna borrachera que bien-mal sufriste. Imposibilitado en sus intenciones, Paco se sumergió en los éteres del amontillado, desposeído del buen abrigo de paño carabinero que hubo de regalar al comandante de puesto que le controlaba, tornando el rostro, avinagrándolo cual máscara de rancio juez, cuánto más el espíritu, abocándote, Anita, a la más ruín de las pesadillas. Sin abrigo él, para tí el frío; el vino para él, la resaca tuya. ¡Con lo bonito que podía haber sido!
Me afirmas que así es la vida; que no está hecha para los más desfavorecidos; que cosa es, de nacer con estrellita o estrellado, de tener o no tener; que se trata de estar más cercano al cielo o a la tierra.
No te quitaré la razón, Ana, que así continúan las cosas: impunes los más cercanos a los luceros, aún se permiten cacarear imperiales himnos frente al astro, brazos extendidos, plácidos, salto a la torera sobre la Ley de Partidos Políticos, en tanto quien luchó -desconozco si en correcta forma- por desenmascarar a quienes te propiciaron tan mala vida, pobre Garzón, me asevera que fue torpe y yo le lloro. Actuó con torpeza, Anita, porque quiso creer que la justicia, en España, podría ser incondicional y posible, y ya ves que no, Ana de mi alma, míralos... Continuan ahí, brazo en alto, prietos, a punto de separar a Garzón de la Magistratura, cantos contrarios a la legalidad, alardeando...
Llevas, abuela, toda la razón.

José Alfonso Martínez
Miembro de la Ejecutiva de IRPV
Secretario Organización IR Valencia

PENSIONES Y REFORMA LABORAL: NO MÁS PASOS ATRÁS

En las últimas semanas, la excusa de la crisis económica y sus funestas consecuencias tanto en el terreno laboral como económico ha servido de cobertura para que desde el neoliberalismo triunfante se exijan mayores sacrificios a la clase trabajadora. Hablan de ajuste utilizando su piadoso lenguaje pero de lo que se trata es de que la mayoría de los ciudadanos, que no se benefició de las sucesivas burbujas financieras, tenga que apechar con las consecuencias de los excesos. De momento ya se esta viendo la crudeza de esos ajustes en forma de incremento desorbitado del paro, que ya supera la cifra de cuatro millones de personas en nuestro país.

Pero los sacerdotes de la religión capitalista no se conforman. El presidente del gobierno acudió a la cumbre de Davos y volvió con el encargo de seguir recortando el gasto público con la amenaza de que si no cumplía, la deuda española encontraría dificultades para ser financiada en los mercados especulativos. De este modo, nos encontramos con la propuesta de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, el aumento del periodo de cálculo de las pensiones, un recorte del gasto público por importe de 50.000 millones de euros y una reforma laboral cuyo calado no se acaba de perfilar pero que indudablemente supondrá un recorte en los derechos de los trabajadores.

En la propuesta sobre las pensiones se han alegado una serie de motivos demográficos y de sostenibilidad del sistema que son bastante discutibles teniendo en cuenta hasta hace escasas fechas, desde el gobierno se nos aseguraba la gran fortaleza del sistema de Seguridad Social (superávit, Fondo de Reserva…) que garantizaba las pensiones. Estos bandazos dan a entender claramente que a los ciudadanos se les miente según conviene y no se le aportan los datos que les permitan tener un juicio adecuado sobre cuestiones importantes para sus vidas. Evidentemente se debe asegurar el sostenimiento del sistema de pensiones actual basado en la solidaridad intergeneracional y es probable que haya que ajustarlo a las nuevas expectativas en cuanto a esperanza de vida o evolución de la población activa pero también hay que apuntar que las pensiones pueden ser financiadas por otras vías que no sean las cotizaciones sociales. Por otra parte, detrás de este cuestionamiento del sistema público subyace el propósito nada oculto de fomentar los fondos privados de pensiones con los que los mercados financieros engrasan su maquinaria especulativa con resultados nefastos en muchas ocasiones para los ciudadanos que los contratan.

En cuanto a la reforma laboral, ya apuntábamos en nuestro documento sobre despidos y beneficios, que esta expresión es la forma amable de llamar al abaratamiento del despido y al recorte de derechos laborales. Con la globalización, es sumamente fácil para muchas empresas trasladar su producción a los países más dispuestos a rebajar los derechos de los trabajadores y el uso de esa presión les facilita la consecución de mayores beneficios a costa de la reducción de los salarios. Los sindicatos mayoritarios deben abandonar sus tibias posiciones al amparo de las subvenciones públicas para cumplir el papel que se supone que deben cumplir frente a la ofensiva de las grandes organizaciones empresariales.

Por lo que se refiere a los recortes en el gasto público, es claro que desde las Administraciones Públicas se debe ejemplificar y proceder con la mayor austeridad y rigor pero todo ello teniendo en cuenta que el gasto social es en este momento más necesario que nunca. En este aspecto, no podemos dejar de criticar como republicanos la opacidad y despilfarro que caracterizan las cuentas de la casa real. No hay que olvidar las posibilidades de aumentar los ingresos públicos mediante un sistema tributario verdaderamente progresivo y un decidido esfuerzo para combatir de forma efectiva el fraude fiscal.

Después del anuncio de estas medidas, se ha levantado una notable oposición tanto política como social y el gobierno, aparentemente, ha comenzado a titubear. Pero los ciudadanos no podemos dejarnos engañar. Los mercados van a seguir utilizando todos los medios a su alcance para conseguir sus fines. Al igual que amenazaron con el colapso financiero si no se aportaba dinero público a los bancos, ahora toca profetizar terribles desastres si no se recortan los derechos sociales. Para ello se sirven de numerosos “expertos” que desde sus tribunas ilustran y justifican sus exigencias. Todo ello es ejecutado por unos gobiernos incapaces de mantener las convicciones por las que han sido elegidos por los ciudadanos. En el caso de España, nos encontramos con un gobierno socialista que, pretendiendo ser de izquierdas, no duda en ejecutar políticas neoliberales como lo hizo en su día el Partido Popular.

El chantaje es permanente en el sistema capitalista. Si los ciudadanos, asustados, seguimos dando pasos para atrás en la defensa de nuestros derechos terminaremos cayendo al precipicio. No debemos de pensar de modo egoísta buscando soluciones individuales a costa de la desgracia de los otros. Estaremos haciendo el juego al sistema y los que piensen que se han librado terminaran siendo igualmente víctimas de la exclusión social.

Desde Izquierda Republicana pensamos que esta crisis nos da la oportunidad de elegir, de salir de unas dinámicas perversas cuyos efectos estamos viviendo día a día en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos… No podemos permitir que nuestro futuro se decida en las mesas de unos poderosos a los que no hemos elegido. Este sistema está agotado y es cada vez más cruel con los más débiles; demos un paso al frente en dirección a otro futuro más justo, más libre y más solidario.

Ramón García.
Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

HOJA INFORMATIVA SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR UNA LEY DE “VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN” PARA LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO Y LA DICTADURA FRANQUISTA Y EL POSTERIOR PERIODO DE IMPUNIDAD.

Breve introducción.
La presente iniciativa ciudadana plantea, mediante la recogida de 500.000 firmas, la presentación ante el Parlamento de la nación de un proyecto legislativo que dé lugar a la definitiva apertura en España de un amplio proceso institucional de “verdad, justicia y reparación” para todas las víctimas del franquismo que implique al conjunto de los poderes públicos, y al conjunto de las administraciones territoriales, y que cuente con la plena participación de la ciudadanía y el conjunto de actores sociales, políticos y sindicales de la sociedad española.

Se pretende, para ello, hacer uso de dos cauces diferenciados de participación ciudadana, en primer lugar, y ante todo, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular reconocida en el artículo 87.3 de la Constitución española; en segundo lugar, complementariamente, la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española. En este segundo caso, en términos de petición colectiva y respecto de aquellas materias que no se corresponden propiamente con un texto legislativo como la petición de la concreta composición de los miembros de la Comisión de la Verdad y otras que pueda estimar la Comisión Promotora. Se articularía simplemente anexando un texto al propio articulado de la iniciativa legislativa popular con aquellas cuestiones concretas y se recogerían las firmas simultáneamente para ambos textos.

En cuanto a las características y fundamentación del enfoque, estructura y contenidos del articulado en si, todo ello resulta abordado en la exposición de motivos del anteproyecto que acompaña a esta hoja informativa.

¿Qué es una iniciativa legislativa popular?.
La iniciativa legislativa representa el cauce constitucional por excelencia de participación directa de los ciudadanos en la tarea legislativa. Como señala la aludida ley orgánica reguladora la 3/1984 que el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular permite, de un lado, instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, no encuentren suficiente eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.

¿Qué es el derecho de petición?
Al contrario que la iniciativa legislativa popular, se ha destacado siempre el carácter menos formalista del derecho de petición, sea individual o colectivamente ejercido; señala su específica ley orgánica reguladora, la 4/2001, que las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. El mismo cauce de recogida de firmas previsto para la Iniciativa legislativa popular satisface, por tanto, sobradamente los requisitos mínimos exigidos para las cuestiones objeto de petición colectiva planteadas por la Promotora y que no puedan ser reguladas por iniciativa legislativa o no sean propia materia de ley, como nombramientos y demás. Las peticiones podrán versar además, sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general y atendiendo en todo caso a las concretas especificidades reglamentarias de cada órgano.

Posibles fases para la iniciativa legislativa planteada.
1- (FEBRERO-ABRIL 2010) Debate abierto y constitución de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad.

- Iniciativa abierta a toda organización de la memoria histórica, derechos humanos o lucha a la impunidad de los crímenes del franquismo, organizaciones políticas, sociales, sindicales, que les resulten asumibles los deberes de “verdad justicia y reparación” tal y como han sido definidos por Naciones Unidas y el Derecho internacional; así como el contenido de los derechos humanos reconocidos a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la paz, y sus familiares, por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales en materia de derechos humanos.

- El contenido de tales acuerdos e instrumentos internacionales constituirá el programa y punto de referencia de esta iniciativa y de los trabajos y posicionamientos públicos de su Comisión Promotora y los representantes de la misma, siempre desde el respeto a los diferentes puntos de partida de las distintas personas y organizaciones implicadas en dicha convergencia.

a) debate y modificación del anteproyecto base por los juristas, obtención del proyecto de ley de la iniciativa.

Se requiere legalmente la elaboración de un “texto articulado dotado de unidad sustantiva precedido de una exposición de motivos”, “que no verse sobre cuestiones manifiestamente distintas carentes de homogeneidad entre si y que no exista en el Congreso de los Diputados o el Senado un Proyecto o Proposición de Ley que verse sobre el mismo objeto de la iniciativa legislativa popular que esté en el trámite de enmienda u otro más avanzado o que la iniciativa sea reproducción de otra de contenido igual o sustancialmente equivalente presentada durante la legislatura”

b) refrendo democrático por las asociaciones integradas del proyecto presentado por la mesa o comisión de juristas.

c) análisis y estructuración de elementos logísticos de la Comisión Promotora, estructura, financiación, implantación y coordinación territorial con el conjunto de organizaciones de la memoria para su implantación en el conjunto del territorio, con miras a un periodo sostenido de trabajo común.

2- (ABRIL 2010): Depósito del texto articulado de la iniciativa y nombres de personas individuales y organizaciones integrantes de la Comisión Promotora de la Iniciativa en la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados (en caso de rechazo posibilidad, que deberá estar fundamentado en la ausencia de homogeneidad, u otras causas expuestas, posibilidad de recurso de amparo ante el TC).

3- Una vez admitida la proposición, se inicia el procedimiento de recogida de firmas, que se podrá realizar en los pliegos tradicionales, que podrán ir en castellano o, conjuntamente, con cualquiera de las lenguas co oficiales en los territorios del Estado; y también se podrán recoger las firmas por vía electrónica siempre que se garantice la voluntad auténtica del ciudadano que suscribe la iniciativa legislativa popular.

4- El plazo para la recogida de firmas será de nueve meses prorrogable por otros tres cuando concurra causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso. La garantía de la regularidad del procedimiento de recogida de las firmas se encomienda a la Junta Electoral Central. Como señala la propia ley orgánica ello se debe a la relativa similitud entre el proceso electoral y el de recogida de firmas y cómputo de las mismas, así como a la infraestructura, que abarca la totalidad del territorio español, de que dispone la Junta Electoral Central.

5-Recogidas las firmas exigidas, se inicia la tramitación parlamentaria. La Mesa de la Cámara deberá incluir la Proposición en el orden del día del Pleno para su toma en consideración en el plazo máximo de seis meses. En este trámite, de acuerdo con las previsiones reglamentarias, se podrá contemplar la participación de una persona designada por la Comisión Promotora. El decaimiento de los trabajos parlamentarios en curso por disolución de las Cámaras, bien por finalización de la legislatura o disolución anticipada, no hace decaer la Proposición, pero la Mesa podrá retrotraerla sin que en ningún caso sea necesario presentar nueva certificación de haberse reunido el mínimo de firmas exigidas.

Para ver todos los documentos accede al siguiente enlace:
http://www.memoriaylibertad.org/Anteproyecto_LVJRVF_MAR.pdf

LA RECALCITRANTE DERECHA VALENCIANA

Doña Erre que erre

Recalcitrante, casposa en su actualidad de vieja alacena fermentada al jugo del ayer que no abandona; impregnada de olor a húmeda sacristía y podrida bota herrada, por más que lo intente, la derecha no muda su camiseta; no puede. Aparenta lavarla, pero no la muda. Clausuremos el lavadero; no sirve.

Refirió Ramiro, del Partit Republicà d´Esquerra, que las miras de nuestra Izquierda Republicana habían de partir desde el presente -nuevos tiempos- hacia el futuro, cuasi desprendidas del ayer. Ramiro lleva razón. Asienta bien los pies en el suelo y, pisando fuerte, perdonando, clava la mirada en el mañana. Sana envidia tengo a Ramiro.

Quisiera. Debiera de ser, pero no. No es que no quiera, que sería deseable, sino que no me dejan; no nos dejan. Al parecer, la ecuanimidad es una utopía y no se nos permite alcanzar la línea cero, el preciso punto desde el que partir en atención a la normalidad; a lo que debiera de ser.

Unos y otros, aún desde distintas ópticas, afirmamos a menudo que la historia sólo es eso, sinónimo de pasado, ignorando o no el peso de la afirmación, dependiendo de la circunstancia en que se produce, casi atolondrados si la cuestión es vana o se prefiere el olvido voluntario, pretendiendo anécdota sin reproche en la personal iniciativa. Nada que objetar en tal caso. Deportivamente.

Otra cosa es el olvido impuesto desde la soberbia y el autoritarismo, con la connivencia de los poderes fácticos afines. ¿Deportivamente? Cuando esto ocurre, la línea de salida es difícil de alcanzar por más que se intente. Preparados ya para la carrera, situados y prestos, al pronto, erigiéndose en juez indiscutible, alguien determina que el punto de partida es otro... más allá, más lejos; y una vez ahí, nuevamente preparados, resultará que tampoco. Pareciera que la elección del lugar idóneo fuese antojo y desembocase en barrizal, cuando en derecho propio correspondiera y reclamada fuese por los atletas, pista llana y apta.

Aburre y cansa, cómo no, la cuestión de la memoria histórica. A unos, por conveniencia; a otros, por impotencia. En tanto quienes acotan aboguen por una supuesta fraternidad fruto del olvido impuesto, los otros, quienes reclaman, contemplarán -humillados en el hastío- cómo se desdeñan, manipulan o tergiversan lícitas peticiones emanadas del personal derecho, una y otra vez, otra, y tres más.

No puede ser, pues viene a ser lo mismo que la charla barriobajera:

"Si, amigo... te quité una peseta. Pero... porque tú eres mi amigo ¡si no te conociese! No, no... No te la pienso devolver, pero no te enfades conmigo. Los amigos no se enfadan y tú, ¡tú eres mi amigo!

Devuélvase la peseta y una vez así, noble el corazón del robado, perdonado el ladrón, quede el abrazo. Pero no.

Al parecer, se impone lo primero; el olvido forzado y, en macabra y soez escena apuntillada, desde el recochineo ruin y barato de la nueva ilustración a que nos tienen acostumbrados los buenos varones -y alguna doña- mal disimulados. No es nuevo. No hay posibilidad, no ya de avanzar, sino de partir. Que se lo pregunten a los sorprendidos descendientes de los represaliados por el franquismo quienes, después de una lucha sin fin; de mil avatares sufridos ante la inmisericorde y reaccionaria actuación de la derecha municipal valenciana encabezada por su ilustrísima Na -doña- Rita Barberá y el fatídico pacto de silencio de adláteres cabizbajos, se encuentran ante la terminante iniciativa de tal corporación, de levantar un monolito sobre la fosa común de la Sección 7ª Derecha del cementerio de Valencia en donde yacen miles de represaliados, menospreciados y fusilados por el régimen anterior, un monumento "en memoria de todos los que dieron la vida por la España que creían mejor", o lo que es lo mismo, se pretende homenajear a los criminales verdugos sobre la fosa de las víctimas.

Extramuros, goteo constante de mártires y beatos entronizados en todo tiempo y lugar, la bicolor cercana. Chitón.

No se puede avanzar, no. No se puede partir cuando, por ejemplo, en el manual elaborado por la Generalitat que se entrega a los inmigrantes con el fin de facilitar el arraigo de quienes arriban a nuestras tierras, se evita calificar el franquismo como dictadura ("De 1939 a 1975 se instaura un período conocido como franquismo...") -sic- sin más, y relativo a la II República, se la retrata tan escueta como sanguinaria ("quema de edificios religiosos y asesinatos...") -sic-.

No se puede partir.

No pueden disimular su casposa soberbia.

José Alfonso Martínez es Secretario de Organización y Finanzas de IR Valencia, miembro de la Ejecutiva de IRPV y del C.P.F.

Resumen de novedades IR

Han sido las últimas semanas del año 2009 y lo que ha transcurrido de 2010 un tiempo que representa una mejoría de la situación y perspectivas de Izquierda Republicana, que tras unos meses en los que se agudizaron algunos problemas que atañían al partido, nos permite afrontar los retos del año entrante en mejores condiciones y con renovado optimismo.

El día 14 de noviembre tuvo lugar en Alicante el Congreso Extraordinario de Izquierda Republicana del País Valenciano, http://ir-pv.com/ federación de IR en este territorio que, con representantes de Castellón, Valencia y Alicante, ha supuesto la reestructuración de esta federación que ya ha retomado su actividad política, siendo Manuel Martínez Guardiola el secretario general de los republicanos en el País Valenciano. Ángel Verdura, secretario general de IR, estuvo presente en este Congreso.
Días después fue noticia Valencia, en este caso por el arranque de la Agrupación Provincial de Valencia, siendo Alfredo Pont elegido secretario provincial. Los afiliados valencianos se han propuesto ser el referente republicano de la ciudad del Turia, creando como punto informativo de sus actividades su blog, http://ir-valencia.blogspot.com/ desde el cual mostrar su trabajo a todas las personas interesadas, y han decidido también abrir una sede provincial de Izquierda Republicana en Quart de Poblet.

El 19 de diciembre fue celebrada en Badalona una reunión del Comité Político del Partit Republicà d’Esquerra (PRE-IR), http://ir-pre.es/ federación catalana de IR, a la que asistieron 8 militantes, encabezados por el secretario general del PRE-IR, Ramiro Gil, que tomaron varios acuerdos de cara a desarrollar diferentes actividades en los próximos meses, y entre otros temas se debatió acerca de la situación de la activista por los derechos humanos Aminattou Haidar y el conflicto que mantiene el Frente Polisario con el estado marroquí, aprobándose una resolución de apoyo a la causa saharaui y demandando el apoyo por parte del gobierno a las resoluciones de la ONU que reconocen la necesidad de un referéndum que determine cuál será el futuro del Sahara Occidental.


También, tras lo tratado en la reunión de diciembre, en las primeras semanas de enero el PRE-IR ha retomado su actividad política en Tarragona, siendo Luis Iglesias el representante en la zona, organizándose de cara a aumentar su presencia efectiva en las comarcas tarraconenses y articularse como alternativa en este territorio, iniciándose un blog propio desde el que comenzar a darse a conocer http://blogpreirtarragona.blogspot.com/

El 23 de enero tuvo lugar el Comité Político Federal, máximo órgano de IR entre congresos, presidido por Ángel Verdura, secretario general de Izquierda Republicana, con la participación de más de una quincena de afiliados que acudieron en representación de las distintas federaciones republicanas. En la reunión se evaluó el contexto político actual, con la crisis económica como principal problema que afrontar, así como otras cuestiones de primer orden, se realizó un balance del último semestre del 2009 y se determinó la estrategia política a seguir en los próximos meses.

Acudieron como representantes del PV Manuel Martínez Guardiola (Secretario General de IRPV) y José Alfonso Martínez González (miembro del Comité Político de IRPV y Secretario de Organización y Finanzas de IR Valencia).
También se habló de los asuntos judiciales que tiene abiertos IR, que han llevado a interponer denuncias por falsedad documental y apropiación indebida contra una cuadrilla de ex-militantes, que se han autodenominado representantes del partido de forma fraudulenta, progresando adecuadamente ambas reclamaciones tanto por la vía civil como por la penal.

Al mismo tiempo, se ha vuelto a poner en funcionamiento un Ateneo Virtual de Izquierda Republicana, que sustituya al anterior de forma provisional, para que cualquier persona que tenga interés en conocer a IR tenga un punto donde poder ponerse en contacto con los republicanos, y para ofrecer a militantes y simpatizantes un lugar donde comunicarse entre ellos en internet. http://avir.superforos.com/

Estas motivantes noticias para todos los que conformamos IR, nos han hecho comenzar el año 2010 trabajando por la causa de la III República, y continuaremos realizando nuevas propuestas para extender el republicanismo y consolidar a IR como una nueva alternativa política.

http://izquierda-republicana.org/

http://ir-pv.com/

CONGRESO EXTRAORDINARIO I.R.P.V

El pasado sábado 14 de noviembre se celebró en el hotel Goya de Alicante el Congreso Extraordinario de Izquierda Republicana del País Valencià. Hubo un gran número de asistentes, con presencia de afiliados de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
Asistieron como invitados la Secretaria de Organización Federal, Concepción Moreno y el secretario General de IR, Angel Verdura. Se renovaron los principales cargos de IRPV (Comisión Ejecutiva Regional y Comisión de Disciplina)
Las agrupaciones provinciales con mayor peso en IRPV, Alicante y Valencia, detallaron cuales son sus objetivos a corto plazo y los planes de acción acordados.
El Secretario General de IR clausuró el Congreso Extraordinario de IRPV.

Izquierda Republicana de Alicante
Secretaría de Comunicación

DESPIDOS Y BENEFICIOS EN TIEMPOS DE CRISIS

Propuesta de la Agrupación Local de IR de Alicante que recoge la Comisión de Economía y Mundo Laboral.

Para realizar propuestas que interesen a la mayoría de los ciudadanos y tras el informe que realizó nuestra Comisión de Economía y Mundo Laboral sobre la Banca Pública -publicado en el boletín Nº 47, págs 4 y 5- en el que detallamos el papel que para los republicanos de IR debe cumplir dicha Banca, hemos abierto un debate sobre la facilidad con la que se está despidiendo, injustamente, a muchos trabajadores y lo que supone para esas familias. El final de este debate debe ser un conjunto de normas que defiendan al trabajador cuando una empresa rentable decida arbitrariamente su despido.
Es algo que creemos de Justicia y nadie está intentando solucionarlo. Obviamente cualquier opinión o sugerencia no sólo será bienvenida sino que para nosotros es fundamental. Este es el objetivo de esta nueva sección "Debate abierto".
Todos conocemos a personas que en la situación de crisis que vivimos han sido despedidas. Es cierto que si una empresa ve disminuidos sus ingresos durante un período medio de tiempo, deberá hacer ajustes pues en caso contrario incluso podría verse en peligro su continuidad. Que en estos ajustes se pierda algún puesto de trabajo es triste, pero asumible.
En estos casos además de una cobertura económica por parte del Estado, se debe acompañar una formación adecuada que facilite la reincorporación al mercado laboral de las personas afectadas.
Esto es lógico y razonable. Pero lo que no es ni una cosa ni otra es el despedir trabajadores por parte de empresas que no disminuyen sus ingresos y que se aprovechan de la crisis para realizar despidos que en otra situación serían absolutamente implanteables. Y lamentablemente este tipo de casos afectan a un montón de familias y nadie hace nada para evitarlo.
Los poderes públicos lo consideran algo así como una tragedia inevitable y no es eso. Se podría evitar con una legislación adecuada y que velara por el interés de la mayoría, que somos los que trabajamos por cuenta ajena.
Las dos líneas generales de la propuesta que estamos debatiendo actualmente son:
I - Imposibilidad de despido improcedente cuando los resultados económicos sean positivos y similares a los de ejercicios anteriores.
II - Reubicación del empleado en otros puestos "rentables" de la empresa mediante la formación profesional necesaria.
Hay países en el norte de Europa donde existe algo similar. En España hay ciertos Colegios Oficiales que en ocasiones impiden el despido y la contratación de otro trabajador para ese puesto… ¿Qué opinas? Esperamos tus comentarios
En nuestro siguiente boletín, contando con todas las opiniones recibidas, te detallaremos nuestras soluciones.

Para una adecuada comprensión de la situación actual en relación con los despidos que se están produciendo actualmente en las empresas relacionados con la crisis económica, el punto de partida no puede ser otro que el análisis de la normativa básica que regula las relaciones laborales, que no es otra que el Estatuto de los Trabajadores.

En principio el artículo 49.1.l) establece que el contrato de trabajo podrá extinguirse por “causas objetivas legalmente procedentes”. Esto debe ser puesto en relación con lo previsto en el artículo 52.c):

“El contrato podrá extinguirse: (…)

c) Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al establecido en el mismo. A tal efecto, el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos.
Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.”

Finalmente, el artículo 51.1, referido al despido colectivo establece lo siguiente:

“A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.

Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos.”

Para finalizar esta introducción hay que apuntar que en caso de despido improcedente, el trabajador no tiene la facultad de poder reincorporarse a su puesto de trabajo si no que la opción es ejercitada por la empresa entre la reincorporación o la indemnización. Todo ello da lugar a que podamos hablar de un despido libre con indemnización.

No conviene olvidar por otro lado, que, aunque el Estatuto de los Trabajadores contenga una serie de previsiones acerca de la necesidad de que las empresas justifiquen la situación económica negativa, la jurisprudencia ha cambiado notablemente a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2008. Desde entonces se ha facilitado la acreditación de las circunstancias que dan lugar a los despidos por causas económicas. Simplemente hay que acreditar la existencia de pérdidas cuantiosas y continuadas que presuman que la amortización de puestos de trabajo contribuirá a la superación de la situación.

Desde el comienzo de la crisis económica que ahora nos azota hemos asistido a un goteo cada vez más intenso en la destrucción de empleo por parte de las empresas tratando de mantener sus cuentas de resultados.

En España, uno de los mecanismos más utilizados ha sido la no renovación de los diversos tipos de contratos temporales cada vez más precarios. Una fórmula ágil y barata para los empresarios que recurrieron a este tipo de contratación con las bendiciones de los gobiernos. Es una forma de mejorar las estadísticas del paro y el empresario se ahorra costes sociales y futuras indemnizaciones. Evidentemente, todo confluye en aumentar los beneficios.

No obstante, no podemos decir que estos privilegios sean nada nuevo en la historia de las relaciones laborales en nuestro país. Históricamente se ha facilitado a las empresas la realización de ajustes en la plantilla de trabajadores en cuanto las cuentas de resultados lucían unos resultados menos lustrosos.

Si se consulta la hemeroteca podemos comprobar como en cada momento de crisis o apreturas económicas la destrucción de empleo ha sido la principal herramienta utilizada por las empresas: Crisis del petróleo de 1973 y 1979, reconversión industrial en los años 80, “crash” tecnológico y bursátil en los noventa,… A todo ello ha contribuido de manera destacada las llamadas políticas de competitividad de la Unión Europea.

Las formulas han sido diversas: Expedientes de regulación de empleo (EREs), prejubilaciones, despidos individuales… El interés empresarial cada vez ha sido más poderoso y los controles externos han ido disminuyendo hasta convertirse en una mera formalidad. Hemos llegado a nuestros días con una flexibilidad casi absoluta tanto en la entrada como en la salida de trabajadores del mercado laboral. Poco a poco, se ha transformado el empleo estable y con derechos laborales por un empleo precario y sin derechos, llegando a sustituir las relaciones laborales por relaciones comerciales (contratos mercantiles, falsos autónomos).

Es por ello que no nos debe extrañar que actualmente nos encontremos con despidos en empresas que muestran beneficios en su contabilidad. Pueden revestir la forma de despidos individuales o de despidos colectivos (EREs y otros similares).

¿Qué planteamos desde Izquierda Republicana?

Los republicanos de IR nos oponemos de forma tajante a que la masa salarial sea la que cargue con los costes sociales de la crisis. Estamos ante una crisis del propio sistema con un claro origen financiero. Además entendemos que los sacrificios de los trabajadores tanto en términos de pérdida de empleo como de congelaciones o reducciones salariales no van a ser la puerta de salida de esta situación sino que contribuirá a que ahondemos cada vez más en ella.

Proponemos una modificación normativa inmediata que se debe reflejar en el Estatuto de los Trabajadores. Se prohibirán los despidos por causas económicas en empresas que tengan beneficios en sus últimos resultados presentados.

En el caso de empresas con pérdidas en el último ejercicio pero con resultados positivos en los tres anteriores se establecerán limitaciones en cuanto al porcentaje de posibles despidos en función del tamaño de la plantilla y de la cuantía de las pérdidas en último ejercicio.

Se reforzaran los mecanismos de acreditación de las circunstancias económicas que puedan dar lugar a los despidos incluyendo los controles externos que deberán correr a cargo de comisiones mixtas con la participación de representantes de los trabajadores, de la empresa y de los servicios públicos de empleo cuyo dictamen será vinculante.

Por otra parte, en los casos de despidos improcedentes, la posibilidad de elección entre reincorporación del trabajador o indemnización no será facultad de la empresa sino que deberá decidir el Juzgado de lo Social correspondiente habiendo escuchado las alegaciones de empresario y trabajador. En determinados casos la reincorporación podrá ir ligada al compromiso del trabajador y la empresa de recibir una formación que permita a aquel reubicarse en otro puesto de trabajo más adecuado a los intereses del empresario.

No nos olvidamos de que el marco socio-económico en el que España se sitúa es el de la Unión Europea. En este sentido, es evidente que desde este marco, los contenidos sociales y singularmente las relaciones laborales no han sido nunca una prioridad. Los aspectos mercantiles y financieros siempre han ido muy por delante buscando siempre la mayor flexibilización del empleo para favorecer una falsa competitividad de los productos europeos en los mercados mundiales a costa del sacrificio de los trabajadores. Por ello, después de 52 años de andadura, las instituciones europeas han de reorientarse en un sentido social que garantice para sus ciudadanos unas condiciones dignas en sus puestos trabajo incluyendo la prohibición de despidos en empresas con beneficios.

Se trata en definitiva, de recuperar para los trabajadores unos espacios de derechos que nunca debieron de perderse en nombre de una modernización y una competitividad que en el contexto actual de crisis han mostrado su verdadera y desagradable cara. La situación actual, tal y como ya se apuntaba en nuestro anterior documento sobre Banca Pública, viene a cuestionar al capitalismo como sistema económico que pueda permitir a la humanidad progresar de una forma digna y sostenible. Hay que ir buscando alternativas sobre todo a través de una mayor participación pública en la economía y en las relaciones laborales. El Estado, con la participación de unos ciudadanos implicados puede y debe tener un papel notable en la configuración de lo que debería ser un nuevo sistema socioeconómico que todavía está por definir.

Desde Izquierda Republicana vamos a seguir trabajando en nuevas propuestas en ese sentido.


Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana.
Noviembre de 2009

Unos "más iguales" que otros...

Partiendo de la base que todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley, te formulamos cuatro preguntas:

- ¿Tenemos derecho los españoles a pronunciarnos democráticamente sobre si preferimos República o monarquía y aceptar todos el resultado que salga por mayoría?

- ¿Te parece ilógico que en pleno siglo XXI, en lugar de un presidente electo del Estado español que tenga que rendir cuentas ante los ciudadanos, haya un monarca al que debemos mantener entre todos, sumándose su familia y descendencia por los siglos de los siglos?

- ¿Crees que es democrático que la Jefatura del Estado sea elegida periódicamente?

- ¿Piensas que el sistema republicano consigue que haya más igualdad porque se eligen por Sufragio Universal todos los cargos del Estado?

Si te parece que la respuesta a las cuatro preguntas es un claro SÍ, coincidimos plenamente. Nosotros somos Izquierda Republicana, un partido que opta claramente por la instauración, de forma democrática y pacífica, de la República en España. Creemos que el pueblo español tiene derecho a decidir la forma que prefiere para la Jefatura del Estado mediante un referéndum vinculante para todos. Sin prisas, pero sin pausas. Tenemos una visión de izquierda práctica, realista y moderada que hace que nuestras prioridades sean los temas que afectan a todos o al mayor número de ciudadanos. Por ello la mejora en temas como la Enseñanza Laica Pública de calidad, la Salud, la Renta Básica de Ciudadania y lo que conocemos como "Estado del Bienestar" es para nosotros básico y fundamental. Somos partidarios de una estructura federal, que organice España de abajo hacía arriba y que cierre definitivamente el proceso autonómico, consiguiendo que todos los pueblos que componen el Estado estén integrados con arreglo a lo que expresen democráticamente sus ciudadanos y parlamentos. Para nosotros la variedad es positiva y la uniformidad negativa.
También vemos muy necesario que se pueda ejercer un mayor control por parte de los ciudadanos sobre las acciones de los cargos electos, con un mayor peso legal del referéndum y de las iniciativas ciudadanas, consiguiendo así que todos participemos más en el sistema democrático desde sus raíces y que sea más próximo a todos.

Banca Pública: Una banca de los ciudadanos y para los ciudadanos

La actual crisis económica, cuyos primeros síntomas vinieron precedidos de las otrora famosas hipotecas subprime, con la serie de consecuencias que trasladaron sus efectos a todos los puntos del globo, dio lugar a que de manera incipiente se planteara el debate sobre la necesidad de que renaciese la banca pública. Desde diversos sectores de la política y la economía se reclamaba la actuación de una banca pública sin los excesos y defectos de la banca privada tanto comercial como de inversión. Sin embargo, en gran parte del mundo occidental, y particularmente en nuestro país, esa banca pública que había llegado a jugar un papel notable en el sistema financiero en tiempos recientes (todavía en los años noventa suponía un porcentaje del 15% del volumen de créditos concedidos en España) fue desapareciendo sin que nadie llorase su pérdida. De hecho, para la banca privada fue un alivio el que desapareciese un competidor. La Corporación Bancaria Argentaria fue privatizada pasando a formar parte del BBVA, e incluso, más recientemente el banco alemán Deutsche Bank se hizo con la red que en su día poseía la Caja Postal en las oficinas de correos. La única presencia testimonial en nuestros días es la del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Incluso en este caso, el ICO ha de utilizar los canales de la banca privada para poder articular sus líneas de ayuda a diversos sectores de la economía. El debate alcanzó cierta notoriedad hasta el momento en el que los gobiernos de los países occidentales empezaron a inyectar cantidades ingentes de dinero en los bancos que corrían mayores riesgos fruto de unas políticas especulativas que se han demostraron absolutamente nefastas y perniciosas para la economía en general y para los más humildes en particular. El dinero de todos se puso al servicio de unos pocos. El objetivo declarado por los gobiernos era el de insuflar liquidez a la economía pero esa liquidez no ha alcanzado a quien más la podía necesitar: las familias endeudadas, las empresas pequeñas y medianas,… En ciertos ámbitos, a la vista de la magnitud de esta intervención estatal en las instituciones financieras se llegó a plantear la posibilidad de una nacionalización pero finalmente todo se fue diluyendo para la mayor tranquilidad de los grandes accionistas y ejecutivos de la banca, que en ningún caso han tenido que responder en los tribunales por una gestión que roza lo delictivo. En España, el Presidente del Gobierno, cercenó cualquier veleidad al declarar el pasado mes de octubre que “no queremos crear banca pública ni sustituir al mercado”. El sacrosanto mercado es intocable para nuestro gobierno y para el principal partido de la oposición. Desde Izquierda Republicana consideramos que una banca pública sí tiene una razón de existir y que la actual coyuntura hace necesaria su presencia y actuación en unos parámetros distintos a aquellos en los que existió hasta hace unos años. En este documento pretendemos lanzar algunas propuestas de cómo puede ser esa banca pública en la España del siglo XXI. En los últimos años se ha ido dando por sentado que las funciones y servicios financieros han de ser guiadas por la mano del libre mercado que, como hemos visto, de libre tiene bastante poco. Está dinámica ha conducido a una sofisticación de los productos financieros que buscaban la especulación pura y dura para alcanzar beneficios enormes para unos pocos en cortísimos plazos de tiempo. Los modernos gurús y sacerdotes de las finanzas predicaban la buena nueva del crecimiento ilimitado de las ganancias sin reparar en que las burbujas terminan explotando. Sin embargo, los republicanos de IR planteamos que los servicios financieros han de cumplir una función social en diversas áreas muy sensibles para los ciudadanos. En particular, en el caso de España, el derecho a la vivienda está reconocido constitucionalmente. Por ello, la financiación de estas operaciones no puede responder únicamente a criterios de mercado y maximización del beneficio. La financiación de la vivienda habitual es un campo en el que la banca pública puede y debe desarrollar una labor absolutamente necesaria sin buscar el atar a los clientes a modernas esclavitudes de por vida. Los criterios de concesión de préstamos hipotecarios y las condiciones de su devolución no pueden ser en la banca pública tan leoninos como lo están siendo actualmente. Particularmente, la nueva banca pública ha de tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades para el acceso a la vivienda como es el caso de los jóvenes o los inmigrantes. Por otro lado, una banca pública tendrá que prestar su apoyo decidido a los proyectos empresariales productivos, creadores de empleo y de riqueza real y a largo plazo, que en muchos casos están siendo obviados por bancos y cajas para perseguir fáciles ganancias en operaciones inmobiliarias, energéticas o financieras de dudosa moralidad en algunos casos y cuyas bondades no alcanzan a la mayoría de la sociedad. El fomento de iniciativas de desarrollo sostenible es otro de los campos donde la pública habrá de jugar un papel notable. Asimismo, la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación no pueden quedar en manos de la banca privada únicamente, ya que ello supondría que aquellas propuestas que no tengan un inmediato retorno pecuniario carecerían de apoyo financiero para su desarrollo.Se trata, en definitiva, de que la banca pública se haga a cargo de hacer llegar financiación a distintas áreas de la economía con un interés social evidente, y que actualmente no reciben un tratamiento adecuado por parte de bancos y cajas, ni parece que lo vayan a recibir teniendo en cuenta su actual dinámica de funcionamiento. Por otra parte, no debemos olvidar que en los últimos años un segmento considerable de la población se ha embarcado en un consumismo exacerbado, endeudándose en muchos casos por encima de lo recomendable. Si bien es verdad que desde las entidades bancarias se ha estimulado esos comportamientos, no es menos cierto que cada ciudadano tiene una responsabilidad con respecto a sus decisiones sobre consumo y ahorro. Por si sola, una banca pública no acaba con esta dinámica perversa pero si debe tener entre sus objetivos el hacer una cierta pedagogía social sobre las verdaderas posibilidades económicas de los ciudadanos evitando que estos acudan al endeudamiento sistemático para consumos superfluos. Desde Izquierda Republicana queremos añadir un matiz nuevo a la banca pública que hemos descrito anteriormente. Se trata de la participación ciudadana. No estamos hablando de recuperar una banca pública en manos exclusivamente técnicas que pueda reproducir los defectos de la privada. Hay que buscar vías e instrumentos que permitan a los ciudadanos ser participes de las decisiones y líneas de actuación de las entidades financieras públicas. En este sentido, hay tener presente la fallida experiencia que suponen las cajas de ahorro. La participación de los impositores en sus órganos de gobierno y control es puramente formal y se ha terminado traduciendo en un reparto de poder entre los partidos políticos mayoritarios y en una instrumentalización mutua entre los altos cargos de las cajas de ahorro y el poder político territorial. Estos vicios afectan a la adopción de decisiones tanto en los aspectos puramente financieros de estas entidades como a la obra social y cultural que desempeñan. Por ello la gestión y control de las entidades públicas que propugnamos deberán articularse de forma que exista una participación de los ciudadanos independiente, plural y representativa. En conclusión, Izquierda Republicana reivindica una nueva banca pública con una clara visión de la función social de su actividad, que busque la creación de empleo y riqueza real impulsando a los sectores económicos marginados por el mercado financiero mediante la existencia de mecanismos de efectiva participación ciudadana en sus órganos de gobierno. La banca pública habrá de ser una banca de los ciudadanos y para los ciudadanos.

Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana

El país que tropieza más de tres siglos con la misma piedra

Todos conocemos la expresión que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero si este dicho lo traspolamos a nuestro país no hablaríamos de dos veces sino de más de tres siglos tropezando con la misma piedra. Y ahí sigue.
Siempre ha habido en España un núcleo de personas que se opone por sistema a todo cambio que haga progresar a la mayoría de ciudadanos. Contra esta clase de personas viene haciéndose desde hace más de trescientos años la historia de España, que en realidad es un combate sin tregua para romper las trabas que se oponen al reinado de la libertad y tolerancia en nuestro país. Estas aspiraciones han sido boicoteadas y combatidas de mil formas por ese núcleo retrógrado que ensangrentaron la nación con guerras civiles y no dudaron, ¡ellos, los patriotas, los españolistas por excelencia!, en llamar y atraer sobre España la invasión extranjera cuando así les convino para conseguir sus fines. Nos referimos no solo a la historia reciente, sino durante toda la historia de España.
En el Siglo XVIII el padre Feijoo retrataba ya a este núcleo retrógado. En esas fechas a España las principales novedades culturales, filosóficas y de toda índole llegaban principalmente desde Francia y cuando la oposición cerril de los retrógrados hacía de las suyas, negándose los filósofos, teólogos y maestros de la época a admitir la filosofía de Descartes sin pararse a pensar su contenido, solo por ser filosofía francesa, comentó: "Quisieran éstos que los Pirineos llegasen al cielo, y que el mar que baña las costas de Francia, estuviese sembrado de escollos, porque nada pudiese pasar de aquella nación a la nuestra. Permítase a los vulgares, tolérese en los idiotas tan justo ceño. Pero es insufrible en los profesores de las ciencias, que deben tener presentes los motivos que nos hermanan con las demás naciones…"
En el Siglo XIX, tras la derrota de Napoleón, la monarquía borbónica solicitó a la llamada "Santa Alianza" que intierviniera en España para restaurar el absolutismo. Así el 7 de abril de 1823 un ejército francés conocido como los "Cien mil hijos de San Luis" entró, se les unieron las tropas realistas y tras reducir en Cádiz el último foco de resistencia del gobierno liberal el 1 de octubre, repuso como monarca absolutista a Fernando VII. No dudaron en pedir la invasión extranjera para su propio beneficio y en perjuicio de la inmensa mayoria de españoles, ¿Os suena?
En el Siglo XX, más concretamente el 16 de febrero de 1936, cuando el Frente Popular ganó las elecciones democráticas el núcleo retrógrado decidió rebelarse juntando la sotana clerical y el sable militar, originando con un golpe de Estado la Guerra Civil que ha supuesto la mayor masacre de toda la historia de nuestro país. Este golpe de Estado se hizo junto a tropas nazis y fascistas, contra el gobierno electo, que en su programa electoral incluía medidas "tan revolucionarias" como no nacionalizar las tierras sino que se indemnizaba a los propietarios; no nacionalizar la banca sino incrementar el control, se decidió no implantar el subsidio de paro; Educación Pública de calidad para todos. El hecho de que fuera para todos implicaba, obviamente, que fuera laica.
En pleno Siglo XXI se oponen a que se pueda decidir libremente entre Monarquía o República, a que los servicios Públicos sean de calidad (Sanidad, Educación, Pensiones y Jubilaciones dignas), a la posibilidad de establecer la Renta Básica de Ciudadanía y a todo aquello que siga significando Progreso, Libertad e Igualdad.
A través de más de tres siglos hemos llevado esta rémora que tan pronto ha vestido la sotana clerical como ceñido el sable militar y que forzada estos últimos treinta y pocos años a dismular sus orígenes e ideas franquistas han sabido introducirse como altos cargos en el partido popular al que en parte aún gobiernan y tomar así, encubiertamente, un gran peso en la dirección y manejo de los destinos públicos. No estamos diciendo que el PP no sea un partido democrático pues los estatutos de este partido lo son claramente, ni que no haya en él personas bien intencionadas que defienden sus valores, no es eso, pero al menos igual de incuestionable es que en este partido anida el núcleo retrógrado al que nos estamos refiriendo. En todas las formas que este núcleo haya ido cambiando, les reconoceremos siempre por su aversión a las ideas de Libertad, Igualdad, Solidaridad.
Un claro ejemplo de actuación de este núcleo retrógrado en el partido popular es la elección como candidato del ínclito Mayor Oreja, de quien recordamos perfectamente sus declaraciones negándose a condenar el franquismo argumentando algo parecido a que "no lo hacía porque fue una etapa en la que muchos españoles vivieron bien".

Blanco y en botella.

¿Dos veces con la misma piedra? No, que va, más de tres siglos.

La España republicana

http://www.publico.es/espana/actualidad/233474/noticiero/perdido/rescata/primeros/dias/republica

Pulsando en este enlace podrás ver un tesoro gráfico que, oculto en una caja con los colores de la bandera republicana ha sobrevivido durante más de 70 años. Un tesoro gráfico de los primeros días de la II República: se trata de un noticiero de 21 minutos elaborado por Fox Movietone que, con el título "El amanecer de una nueva era en España" recoge acontecimientos de los albores de ese periodo histórico. Su mayor valor es la calidad sonora con la que trae al presente las voces del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, y de personalidades políticas de la época como Indalecio Prieto, Victoria Kent y Fernando de los Ríos.
"Resistió el asalto de los falangistas, que registraron la casa y nunca la encontraron"
La película fue cedida ayer por el Patronato Niceto Alcalá-Zamora a los archivos de la Agencia Efe. Ha estado oculta durante siete décadas en la casa de la familia de Francisco Adame, el alcalde republicano de Priego de Córdoba y amigo personal de Alcalá-Zamora, originario de esta localidad del sur de Córdoba, y según el director de este patronato, Francisco Durán, "resistió el asalto de los falangistas, que registraron la casa y nunca la encontraron". Según Durán, la propia familia Adame sabía de la existencia de este film, pero tardaron años en encontrarla.
Al visionar la cinta, de 35 milímetros y fabricada en nitrato, aparecen ante la retina del espectador imágenes de la Puerta del Sol el día de la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931; un discurso del entonces presidente provisional, Niceto Alcalá-Zamora; imágenes del recibimiento al piloto Ramón Franco tras su destierro en Francia; el acto de homenaje de los socialistas a Pablo Iglesias, con un discurso de Indalecio Prieto ante una muchedumbre silenciosa; la celebración en Madrid del 1 de mayo con imágenes de Indalecio Prieto, Miguel de Unamuno y Francisco Largo Caballero; la quema de conventos en Madrid del 11 de mayo de 1931, y la celebración en la plaza de toros Monumental de Madrid de un acto musical donde se presenta la propuesta de un nuevo himno republicano.
Asimismo, el film, que se hace eco de los cambios que acontecen en la España republicana, recoge bajo el título 'Una gran victoria del feminismo en España' la toma de posesión de Victoria Kent como directora general de Prisiones, con intervenciones orales de Fernando de los Ríos y la propia Kent.
La directora de la Agencia Efe, Lola Álvarez, aseguró al firmar el convenio de entrega que se digitalizará una parte del noticiero, y valoró especialmente el documento sonoro que incluye la película y que acerca las voces de los protagonistas de aquella época. Publicado en el diario Público.es

Tren republicano del 16 de mayo

Tras recorrer la Comunidad de sur a norte, el tren republicano llegó a Castellón. Subieron simpatizantes en en las 20 paradas realizadas entre la salida de Orihuela y la llegada a la capital de la Plana. Las más de mil plazas que fletó la Coordinadora del PV per la República, de la que Izquierda Republicana es miembro, fueron ocupadas. En Orihuela ya subieron más de 100 personas, llegando completo a su destino donde el rojo, amarillo y morado inundaron la estación de Castellón, que unido al Himno de Riego y a un más que sonoro aplauso fue la recepción expléndida que se brindó a todos los que llegaban en el tren.

Posteriormente se celebró la manifestación a la que asistimos

más de 4000 personas, y que abría una pancarta con el lema:

"Per la República", cerrándola tres banderas tricolores de gran tamaño. Se recorrieron las principales calles del centro de la ciudad con un claro tono festivo hasta el final del recorrido, en el parque Ribalta. Los lemas más coreados fueron: "¡Menos trajes y más empleo!", "¡Juan Carlos I de Franco es heredero!", "¡La ley de estranjería para la reina Sofía"!, "¡Urdangarín, Urdangarín, a trabajar a Burguer King!", "¡Queremos un pisito como el del principito!", "¡Viva la República, abajo la Monarquía!", "¡No hay dos sin tres, República otra vez!"...

En el parque de Ribalta se leyó un manifiesto conjunto en el que reclamamos un proceso constituyente republicano, se criticó que se estén socializando las pérdidas y privatizando las ganancias que implica peores condiciones de vida para las rentas más bajas. Reclamamos un verdadero Estado laico, reivindicamos la Memoria Histórica y que defender la República es defender lo Público.

Al finalizar la lectura del manifiesto se desarrollaron varias actividades entre las que destacamos la parodia que dos actores realizaron sobre la conversación telefónica de Camps con el "Bigotes". Queremos resaltar que en el tren republicano de este año se ha registrado una mayor asistencia de jóvenes, confirmando que la República tiene un más que prometedor futuro. Sin duda los jóvenes son uno de los colectivos a los que más afecta la actual crisis y son ellos los que enarbolan la bandera tricolor como símbolo de que quieren que se hagan las cosas de otra forma.

Al acto acudieron afiliados y simpatizantes de Izquierda Republicana, Esquerra Unida, Iniciativa y Esquerra Republicana, entre otras organizaciones y colectivos.

Relaciones Estado-iglesias

Financiación con cargo a todos los ciudadanos...
Se suele fijar la atención en el fracaso del llamado impuesto religioso de 1987 para ponderar la tacañería del católico español para con su iglesia, indiscutible si se mira sólo a la asignación tributaria, pero relativa cuando se refiere al Estado, es decir al conjunto de los ciudadanos, sean religiosos o ateos, católicos o de otras religiones. Así a través de las administraciones central, autonómica y municipal, el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones de euros a la Iglesia católica en sus diversas manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. La cifra de 5.057 millones incluye el ahorro que supone "el paraíso" (pero fiscal) en que se desarrolla la casi totalidad de sus actividades, calculado por expertos de Hacienda en unos 750 millones de euros. Es en el campo de la enseñanaza y en la asistencia social y de caridad donde las organizaciones católicas reciben más dinero. Por ejemplo en sueldos para unos 33.440 profesores de catolicismo de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros) o para el sistema de conciertos educativos(3.200 millones, según datos oficiales). En los conciertos educativos se incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. La actividad educativa de la Iglesia se resume en 2.386 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores.
Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, además de la diaconía Cáritas Española con sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas, también destaca su ONG Manos Unidas. Otra importante fuente de financiación son los centros hospitalarios concertados (107); ambulatorios y dispensarios (128); Residencias (876); Orfanatos (937); guarderias (321);Centros de reeducación (365);y otros centros de caridad y sociales (717). Los obispos argumentan que si el Estado atendiera por su cuenta estas obligaciones educativo-asistenciales gastaría mucho más, y aunque esto podría ser cierto al principio (construcción de colegios,hospitales,etc) lo que no comentan es que los conciertos económicos les dan la posiblidad de difundir su credo de forma muy privilegiada y que a medio-largo plazo el coste para el Estado se iría reduciendo considerablemente, mientras que a ellos el tener que autofinanciarse les llevaría a una situación bastante peor de la que disfrutan actualmente. El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial),de los penintenciarios (130) más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división.
Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia para el sostenimiento de su gran patrimonio artístico e inmoliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Las administraciones públicas gastaron el año pasado 200 millones de euros para obras de conservación o reforma. Además varias organizaciones son propietarias de siete universidades (Deusto-jesuitas; Navarra-Opus; CEU-Asociación de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y Ávila) y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores. Este poder social y económico es prácticamente incontable pues se nutre de complicados mecanismos de ingresos privados y de financiaciones públicas. Para colmo podemos oir como sostienen los obispos que la asignación tributaria anual del Estado no alcanza al 9% del presupuesto de su iglesia, dato "manipulado" pues en realidad aluden solo a la financiación directa fijada en los Presupuestos Generales del Estado (150 millones para el 2007), e ingresada por el Ministerio de Hacienda en una cuenta de la Conferencia Episcopal para salarios de prelados y clero. Hasta ahora, Hacienda recauda una parte de la asiganción tributaria a través del IRPF de los declarantes católicos que reflejan la casilla correspondiente y el resto lo entrega como dotación extraordinaria graciosa. Este sistema data de 1988 y era transitorio, mientras los obispos encontraban en tres años (antes de 1991) mecanismos de autofinanciación.
En cambio el gobierno socialista acordó elevar a definitivo el viejo sistema de asignación tributaria, no sin antes incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha asignación (del 0,5239 al 0,70% de la cuota íntegra de cada IRPF asignado a esa iglesia). A este sistema se le llama impropiamente "impuesto religioso". La realidad es que el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, pues un creyente aporta el 99,3% de su cuota fiscal, y el resto aportamos el 100%. Pese a todo,esta asignación no llega a ser el 3% de los 5057 millones que realmente recibe. El otro 97% es de lo que deliberadamente "hablan lo menos posible".
Judíos, musulmanes y protestantes reciben este año 3 millones de € para actividades sociales
Las tres confesiones que tienen en España el carácter de notorio arraigo y acuerdos de cooperación con el Estado (judaísmo, protestantismo e islamismo) reciben este año tres millones de euros. Las subvenciones, que en ningún caso pueden destinarse a culto o al pago de salarios, las gestiona una fundación compuesta por 12 representantes de la Administración y 9 personas elegidas tras escuchar a los representantes oficiales de las tres religiones. La Iglesia católica, en cambio, recibe como asignación tributaria directa 150 millones para salarios de obispos y sacerdotes, así como varios miles de millones para el sostenimiento de sus actividades y el pago de profesores de catolicismo.
"Estamos cansados de la discriminación; la falta de neutralidad religiosa del Estado sigue siendo alarmante". Con este estado de ánimo viven estas religiones de notorio arraigo. La queja es de Mariano Blázquez, secretario general de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), pero es compartida por dirigentes del islam y judaísmo.
¿ Aconfesionalidad del Estado español ? ¿ Neutralidad religiosa ? Cuando se construye una sinagoga, el rabino responsable tiene que pagar a Hacienda el 16% de su valor en impuestos, mientras que la Iglesia católica está exenta de ese y otros impuestos. Si uno de sus fieles ingresa en un hospital, el pastor protestante tendrá problemas para ejercer su misión espiritual, mientras que el Estado gasta cada año 30 millones de euros en sueldos de capellanes católicos penitenciarios, hospitalarios o castrenses. Y aún persisten autoridades que prohíben ceremonias de musulmanes por calles de ciudades cuyos alcaldes pre-siden las procesiones católicas, o ejecutivos autonómicos que niegan un salario a docentes de religiones que no sean la católica. La federación de iglesias protestantes (2.200 congregaciones y 1.200.000 fieles) propone un acuerdo en el que subrayando el principio de no injerencia (no se trata de un acuerdo para el sostenimiento de iglesias, la evangélica se autofinancia) se estructure un convenio de colaboración económica destinada a auxiliar sus actividades en conceptos relacionados con su notorio arraigo. Los judíos, a través de un informe entregado al Gobierno por Jacobo Israel, presidente de las Comunidades Israelitas en España, subrayan que la asignación presupuestaria se conceda únicamente a la Iglesia católica, negándose a la religión judía con la excusa de que "es una situación transitoria", que dura más de 20 años. En España hay 30 sinagogas y 40.000 judíos. Por su parte los musulmanes reclaman "un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto, u otra de carácter personal". También piden que no estén sujetas a impuesto la difusión "de los mensajes, jutbas, traducciones o libros de las entidades religiosas islámicas utilizadas para dar a conocer el islam".
Se complica “la cosa religiosa”
Obviamente, las otras tres religiones que el Estado reconoce como de "notorio arraigo" piden trato similar a la católica, o en la asignación directa, o en la exención-desgravación de impuestos, o en... Solo siendo un estado laicista se solucionará este tema, pues si seguimos como hasta ahora el problema irá creciendo cada vez más, tanto manteniendo-incrementando el actual status de la religión católica, como corrigiendo progresivamente la desproporción con el resto de religiones. Si hasta hoy la religión protestante, judía e islámica se han podido autofinanciar no hay causa lógica por la que no puedan seguir así, e incorporar a la IGUALDAD de trato a la religión católica. La religión debe quedar en el ámbito de lo privado, sin menoscabo de su derechos de libre expresión en público, pero que han de estar completamente ausentes de la Educación pública y de la Cultura oficial, pues van dirigidos a TODOS los ciudadanos y no solo a los de una religión en concreto. En paises de nuestro entorno (Francia, Alemania, R.U.) y en muchos otros (EEUU) son los fieles los que mantienen a sus iglesias, y no todos los ciudadanos. ¿Se acabará cuando un gobierno haga cumplir lo acordado sobre la autofinanciación-1988?

"Mi, no comprender"

Nuestro partido, entendiendo que se está vulnerando gravemente la supuesta libertad religiosa, y decimos supuesta porque para nosotros está más que claro que este es otro enunciado de la actual constitución monárquica cuyo contenido está siendo tergiversado, presentó un recurso ante el Supremo pidiendo la nulidad de la regulación de la enseñanza de religión católica que fija los mínimos del segundo ciclo de educación infantil. ¿Con qué argumentos? Pues en nuestra opinión son de lo más sencillos y fáciles de entender para casi todo el mundo:
Precepto constitucional: “Ninguna religión tendrá carácter estatal”
Vulneración evidente: la iglesia católica, según el decreto en cuestión, determina el currículo de la enseñanza de esa religión. ¿? Repetimos, como el anuncio de natillas: “Ninguna religión tendrá carácter estatal” Aunque no está incluido en esta demanda, sobre este punto no podemos dejar de comentar las bodas católicas de Estado (monarcas, príncipe e infantas) los funerales públicos también católicos, el jurar los cargos ministeriales con crucifijo y biblia católica, los capellanes católicos militares en nómina (algunos con rango y sueldo de general), los sacerdotes católicos con sueldo que pagamos todos en hospitales y centros penitenciarios…
Artículo 27.2 de la Constitución: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”
Vulneración evidente: Solo una religión, la católica, tiene este trato de privilegio… ¿Y los derechos fundamentales de los no católicos? ¿Van a realizarse acuerdos de igual trato con las otras confesiones que el propio Estado español denomina como de “notorio arraigo” (judíos, protestantes y musulmanes)? , ¿Van a tener sus propios profesores a cargo de todos y una LOE que les permita regular la enseñanza de su religión y el profesorado? ¿Qué tipo de acuerdo habrá con los no creyentes? ¿Se les discriminará sin más, por serlo?
En lugar de que todo esto nos lleve a una “barra libre de religiones” con un elevadísimo coste económico, pues el resto de confesiones antes o después empezaran a ganar terreno y solicitar el mismo trato –aunque solo sea proporcional- la lógica nos indica que no es este el camino para defender lo mejor para nuestro país, lo que en realidad defendería mejor el bien común sería liberar al Estado de la actual carga económica que será seguro un lastre cada vez más pesado y utilizar esos elevadísimos recursos (5.057 ,millones de euros anuales para la confesión católica, de los que la famosa casilla de la declaración de impuestos “solo” suponen 150; como el resto de
religiones se apunten va a ser esperpéntico) en servicios que TODOS los ciudadanos puedan utilizar (Sanidad, Educación, etc), en aumentar pensiones y subsidios que en estos tiempos que corren van a ser más que necesarios, y en tantas otras cosas realmente fundamentales.
Creemos que el tema está más que claro, la actitud contraria para nosotros no es más que intentar justificar lo injustificable.
Os seleccionamos lo más destacable de la sentencia:
El tribunal considera "plenamente constitucionales" el acuerdo entre España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales y las disposiciones adicionales de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que regulan la enseñanza de religión y su profesorado. El Real Decreto "respeta la Ley": El TS asegura que el Real Decreto "respeta la Ley", puesto que la determinación del currículo ha de ajustarse a los términos del Acuerdo con el Vaticano, de acuerdo con la LOE. (Nos preguntamos desde IR ¿Qué prevalece la Constitución o el acuerdo con el Vaticano?)
Rechaza el tribunal que el Real Decreto quebrante los preceptos citados ya que el objeto de la educación fijado por la Constitución en el artículo 27.2 no contradice el derecho de los padres a que los hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. "Es igualmente obligado el respeto por todos, incluido el Estado, de que la educación que se imparta salvaguarde" tal derecho de los padres, recalca el Supremo. Indica también que la aconfesionalidad del Estado "no impide, sino que implica" que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y mantengan las relaciones de cooperación con las confesiones. (Nos preguntamos desde IR ¿Se hará con las otras tres religiones mayoritarias? ¿Tendremos que pagar todo esto? ¿No hay otras prioridades?)
Seguimos con la sentencia del TS: En el caso católico, la cooperación se articula en el acuerdo con la Santa Sede, que tiene valor de Tratado Internacional. El Supremo, que cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), señala que la inclusión de la religión en los niveles educativos es "un cauce posible para la realización de la libertad religiosa en concurrencia con el ejercicio del derecho a una educación conforme con las propias convicciones religiosas y morales". Recuerda que el TC acepta la enseñanza de religión, no sólo de la católica, como "plenamente constitucional", sin que se cuestione su equiparación a las demás disciplinas fundamentales dado que el legislador ha adoptado "medidas correctoras" para que su valoración académica no produzca efectos discriminatorios entre el alumnado. (Nos volvemos a preguntar desde IR: ¿Qué significará que ninguna religión tendrá carácter estatal? ¿Se enseñan otras religiones en los centros públicos, con las mismas condiciones que las de los católicos?) Y de esto, ¿que dice el legislador de las “medidas correctoras”?
Son muchos los países de nuestro entorno político (Francia, Alemania, RU, Austria, EEUU…) que han optado porque sean los fieles de cada confesión los únicos responsables de su sostenimiento, no haciendo que las religiones vivan a costa de sus países sino solo de los que así libremente lo decidan. No convierten los centros públicos de Enseñanza en un surtido de religiones, y menos de una sola, sino en centros que enseñen materias que realmente sirvan a los alumnos para su futuro. Cada religión puede realizar su labor como mejor le parezca, faltaría más, pero en sus parroquias y locales, con sus medios, no en centros públicos y pagándolo todos…
¡Qué santo morro gastan algunos!